Más de 170 millones de hectáreas se dividen en la Argentina entre 300.000 explotaciones agropecuarias, de las cuales un 57% corresponden a propiedades de menos de 50 hectáreas. Las ganancias entre estos productores es muy diferente a la de unos pocos que concentran la mayoría de las tierras, por eso el impacto de las medidas deja secuelas más y menos graves según a quien afecte.
A pesar de las diferencias hoy están unidos para reclamar por un cambio en la política aplicada por el gobierno nacional en relación al agro. Las cuatro entidades que están al frente de las negociaciones son Sociedad Rural Argentina –SRA-, Confederaciones Rurales Argentina –CRA-, Federación Agraria Argentina –FAA- y Confederación Intercooperativa Agropecuaria -Coninagro-
El campo es actualmente uno de los sectores más activos de la economía. Sin embargo, lejos de una forma de organización tradicional donde un representante lleva la voz cantante ante cualquier tipo de negociación, en el sector se conservan las divisiones y cada entidad representa diferentes intereses. En más, respetar la decisión de las asambleas u organizaciones regionales y locales es clave para llegar a un acuerdo.
En FAA fueron claros. “En este momento nos junta la situación, pero la idea es diferenciarse. No es lo mismo un productor de manzanas del sur del país que uno de algodón del norte o de soja de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo hoy, todos estamos en el mismo camino”.
Según Ernesto Kritz, experto en relaciones laborales, el sector no necesita de un representante único porque las cuatro entidades que representan al sector tienen una comisión de enlace que actúa de común acuerdo. “Actúan como una única voz, no hay diferencias, y eso esta bien”, explicó.
Por otro lado, advirtió que los representantes de UATRE, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), deberían estar sentados en la mesa del diálogo para intervenir de la negociación en representación de los trabajadores rurales.
Quién es quien
En el mapa de los principales representantes agropecuarios del país aparecen cuatro entidades.
La SRA cuenta con unos 10 mil socios, en general productores de gran escala y, muchos de ellos, ganaderos. Su presidente es Luciano Miguens, quien mantiene una relación tirante con el gobierno nacional desde que dejaron una silla vacía en la inauguración de la Exposición Rural de Palermo, uno de los eventos más tradicionales para el sector.
CRA es otra de las entidades de más fuerza por su representatividad territorial, encabezada por Mario Llambías. Aglutina a 13 confederaciones y federaciones, integradas a su vez por más de 300 sociedades rurales de todo el país y unos 100.000 productores.
Una de las principales integrantes de CRA es la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa –CARBAP-, que agrupa 114 asociaciones de base ubicadas en el territorio de ambas provincias y a más de 34.000 productores de toda la Pampa Húmeda.
Coninagro representa a las cooperativas agropecuarias. Es difícil determinar el número de integrantes que forman parte de la misma pero la clave está en los diferentes tipos de productores de diferentes zonas que se unen a la misma, desde los grandes hasta los más pequeños. El representante es Fernando Gioino y fue la sede elegida para la última reunión del agro.
En FAA se agrupan 100 mil productores que en su mayoría tienen hasta 250 hectáreas. En este caso uno de los focos principales de su reclamo, más allá de las retenciones, es por políticas de desarrollo rural. Hasta el momento han presentado proyectos sobre arrendamientos, políticas fiscales y ganaderas.
El titular, Eduardo Buzzi, es actualmente el hombre que más poder de representación ha tomado ante todo el sector, enfrentando a los medios y dando a conocer las decisiones minuto a minuto.
Reclamos
El reclamo que comenzó por el aumento de las retenciones a la soja, trigo, maíz y girasol se extendió a todos los sectores. La soja ha desplazado actualmente a la mayoría de las producciones agrarias y también a las ganaderas, que pierden terreno en un mercado donde es menos rentable.
La clase media agropecuaria está constituida por unas 400 mil Pyme según Jorge Romagnoli, presidente de AAPRESID, la asociación que aglutina a los productores de siembra directa.
En el campo, para pasar en limpio cómo juegan las retenciones, aplican la siguiente figura: de cada 10 camiones cargados con soja que salen del campo, más de 4 van a parar al Estado, que sin duda es el gran ganador.
El resto no es todo ganancia para los productores: buena parte de la ganancia de la cadena la obtienen las empresas proveedoras de insumos clave, como semillas, tractores, agroquímicos y fertilizantes, que facturarán unos u$s7.000 M esta campaña.
Los insumos han subido casi un 150% en las últimas semanas alentados por el precio de la soja y no volverán para atrás a pesar de que tres empresas -Profertil, Petrobras y Cargill- se pusieron de acuerdo para evitar subas en sus productos fertilizante.
Sin embargo en todos los rubros hay reclamos pendientes que pasan por diferentes cuestiones:
Los tambos declaran una rentabilidad que llega apenas al 20 por ciento, con un precio de venta por litro de 0,83 centavos.
Los medianos y pequeños productores de soja declararon que su rentabilidad se redujo a 10% después de la suba de las retenciones.
El sector de la carne viene perdiendo rentabilidad, con precios controlados. Desde febrero, la media res viene subiendo de a diez centavos por semana.
Los insumos para los productores subieron más del 150% en los últimos meses, impulsados por el precio del petróleo.
Los números por sector
Según explicaron en la consultora Economía & Regiones las provincias de Santa Fé, Buenos Aires y Córdoba reúnen a los principales productores del país. En estas zonas también hay otro tipo de producciones, especialmente citrícolas, que si bien no sufren retenciones están afectadas por la política tributaria y por la pérdida de rentabilidad de sus tierras, copadas por la soja.
En el caso de los tambos, según datos difundidos por Sancor, el productor promedio del sector tiene entre 120 y 180 hectáreas. Actualmente, un 60% de las mismas se encuentran alquiladas. El resto produce por día un total aproximado de 2.000 litros a un precio de $0,83 el litro, según lo dispuesto por Comercio Interior.
Los productores deben destinar un 40% de su inversión a alimentos. De esta manera, la rentabilidad que en general debe dividirse porque se trata de explotaciones mixtas entre peones y dueños, llega al 20 por ciento.
Para los productores de soja, por ejemplo en la provincia de Tucumán, solo se quedan con el 10% de lo que producen, ya que el 45% se lo lleva el Estado con las retenciones y el otro 45% es el costo de producción.
Casi 70% de la producción de soja proviene de campos que han sido alquilados a productores. Un chacarero que alquila un campo para soja le asegura al propietario una suma fija de 15 quintales por hectárea (promedio nacional). Cada quintal es una unidad de 100 kilos. Luego debe invertir entre 8 y 9 quintales en insumos, y 6 a 7 quintales en costos de comercialización. De este modo, sus costos fijos oscilan entre 29 y 31 quintales por hectárea. A eso hay que sumarle las retenciones.
La cadena de la oleaginosa es una compleja estructura que involucra a productores, camioneros, propietarios de campos, empresas químicas y al Estado.
De continuar esta situación, en los próximos días podría llegar a un punto límite ante la posibilidad de perder un 20% de la cosecha, equivalente a $8.100 millones. Las zonas que aparecen en mayor riesgo son Corrientes, Santiago del Estero, Chaco y Salta (NOA y NEA). En esos lugares la producción de soja tiene rindes bajos, en promedio 1.200 kilogramos por hectárea contra 3.000 kilogramos en zonas núcleo.
Se trata de unos 4 millones de hectáreas que sin agricultura tardarán en ser productivas otra vez, y que podrán adquirirse precios bajos de mercado.
El Campo, la otra cara de las petroleras
La negociación entre el gobierno y el sector agropecuario es muy diferente a lo que sucede con las petroleras, con quienes varias veces se han sentado a buscar un acuerdo en relación a la política de exportaciones.
Sin embargo en este caso son solo cuatro representantes del sector: YPF, Petrobras, Shell y ESSO. Además, la primera concentra la mayoría del mercado y por eso es más fácil llegar a un acuerdo.
En este caso no hay una voz cantante y por ejemplo muchos de los principales productores del país, como Los Grobo, no forman parte de ninguna entidad.
¿Hace falta una voz única que los represente? Por ahora, en el campo no lo ven necesario ni creen posible por las diferencias entre de producciones en cada región, que necesita su propia política.
(*) por Guillermina Fossati-Infobaeprofesional.com tiempoargentino@gmail.com
